El Estado gestionará la vía radial de alta capacidad R-5 hasta el año 2032

La autopista radial R-5, que conecta Navalcarnero con la capital atravesando además los municipios de Arroyomolinos, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y Leganés, y cuya gestión recuperó el Gobierno tras su quiebra, seguirá en manos del Estado durante otros diez años.

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un convenio entre la Administración General del Estado (AGE) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) que acuerda dejar en manos de la sociedad la gestión directa de esta y de las demás autopistas revertidas al Estado hasta finales de diciembre de 2032.

Entre 2018 y 2019, Seitt asumió la gestión de las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara, R-3 de Madrid a Arganda del Rey, R-4 de Madrid a Ocaña, R-5 de Madrid a Navalcarnero, M-12 Eje Aeropuerto, AP-41 de Madrid a Toledo, AP-36 de Ocaña a La Roda, AP-7 de Circunvalación a Alicante y la AP-7 de Cartagena a Vera tras su entrada en concurso de acreedores y su posterior liquidación. En 2018, el Estado y Seitt ya firmaron un acuerdo para la gestión de estas autopistas que ahora se va a prolongar.

Dada la situación económica actual, el Gobierno ha decidido congelar las tarifas de estas autopistas durante todo el año 2023.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) trabaja también en paralelo para buscar fórmulas con las concesionarias del resto de autopistas que dependen del Estado que limiten la subida de más del 8% que debería aplicarse en los peajes de estas vías en virtud de la fórmula de revisión automática de precios prevista.

La reversión al Estado de la gestión de las autopistas de peaje quebradas va a dejar una factura a las arcas públicas todavía indeterminada pero que, según algunas estimaciones, puede superar los 1.000 millones de euros pese a que durante mucho tiempo la administración sostuvo que el “rescate” no le iba a costar un céntimo a los contribuyentes.

La falta de usuarios, así como los sobrecostes en las expropiaciones por un cambio legal, motivaron la quiebra de las sociedades que explotaban las vías en cuestión en régimen de concesión (las radiales 2, 3, 4 y 5 así como la AP-41, la AP-36, y la AP-7 en la circunvalación a Alicante y entre los municipios de Cartagena, en Murcia, y Vera, en Almería) antes de que sus contratos venciesen.

Tras recuperar su titularidad, el Estado estaba obligado a indemnizar a esas compañías por la liquidación anticipada de los acuerdos de concesión como titular de las vías. El Estado estimó a principios de 2022 que esa compensación, conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), asciende a unos 1.021 millones de euros de acuerdo al método de cálculo que estableció y que fijó en un máximo de 3.300 millones la cantidad a pagar por el Estado. La RPA es la resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.